Los discapacitados critican “rebajas” en la ley de Internet que el Gobierno niega El proyecto de ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información sube la exigencia de accesibilidad de las páginas de empresas “siempre que sea técnicamente viable y económicamente razonable“. La accesibilidad web no es un capricho: es una obligación. Una obligación por ley que afecta a todas las Administraciones Públicas; también es un derecho de todos los ciudadanos, incluidas las personas con algún tipo de discapacidad, que deseen acceder a servicios y contenidos a través de Internet. Desde enero de 2006 las páginas oficiales de las Administraciones Públicas deben ser accesibles, tal y como establece la LSSI vigente desde 2002. Ahora, el proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), en tramitación en el Congreso de los Diputados, amplía esta obligación a las grandes compañías que prestan un servicio de interés general (telefónicas, agua, gas…) y a todas aquellas entidades y empresas que reciban financiación pública, incluyendo a los centros educativos, de formación y universitarios, y a los centros privados financiados por la Administración. Todos ellos deberán cumplir con el nivel medio de accesibilidad a partir del 31 de diciembre de 2008. Hasta aquí todo claro: la ley se refiere a “todos” y a partir del 1 de enero de 2009, es decir, con tiempo para adaptar estas webs empresariales a lo que ya han hecho miles de ayuntamientos y otros sitios administrativos. La coletilla infame Pero la ley incorpora una coletilla después de la obligación de nivel medio de accesibilidad, que dice así: “Siempre que ello sea técnicamente viable y económicamente razonable y proporcionado” Esta coletilla —que vincula el cumplimento de la accesibilidad web a cuestiones técnicas y económicas— no satisface al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que considera “un ataque sin precedentes, que deroga el principio general hasta ahora establecido, admitiéndose desde ahora excepciones a la accesibilidad de en los sitios públicos en función de peregrinos criterios de coste o de dificultad técnica“. El CERMI espera que la LISI sea enmendada durante su tramitación parlamentaria. El Ministerio de Industria, impulsor del proyecto de ley no lo ve así. Asegura que no es cierto que la LISI derogue el principio general de accesibilidad, sino que lo amplía a más instituciones, empresas y colectivos que antes no estaban obligadas, y a mayor nivel ya que “la LSSI establecía el nivel básico. El proyecto de ley, el medio“. Respecto a la coletilla relativa siempre que ello sea técnicamente viable y económicamente razonable y proporcionado, fuentes del Ministerio
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